Entrevista al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial para Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Cancino Aguilar.
Entrevista realizada por el Mtro. Edgar A. Juárez Juárez.

- En el contexto de la nueva Constitución para la Ciudad de México, ¿Considera usted que es la de mayor contenido “verde” de la República
Mexicana?
R. Indudablemente, aclararía que no sólo haciendo referencia a las Constituciones locales de las otras entidades federativas, sino incluso a nuestra Constitución Política Federal. Uno de los grandes avances de nuestra Constitución, precisamente, es la consideración del contenido ambiental en muchos de los temas constitucionales.
- Podría precisar, a grandes rasgos, algunos de esos temas constitucionales con contenido ambiental?
R. Diría, con contenido ambiental, pero también de ordenamiento territorial. Sólo como ejemplo mencionaría las Disposiciones Generales de la Constitución; sus Principios Rectores; evidentemente, la Carta de Derechos; el Sistema de Planeación de la Ciudad y, hasta en los derechos de los pueblos indígenas en nuestra Ciudad. Como se puede apreciar, dentro de la estructura de la Constitución, los componentes que hoy nos ocupan son fundamentales, parte de la columna vertebral de la misma.
- Desde su perspectiva ¿Qué conceptos son importantes dentro de la Constitución y qué función desempeñan?
R. Quizá el concepto más importante sea el de sustentabilidad, que como es sabido por los ambientalistas, adquirió su carta de naturalización con el informe Brundtland en 1987. En ese sentido, desde el artículo 1 de la Constitución se señala que la sustentabilidad de la Ciudad dependerá del uso eficiente del territorio. Pero además, la noción de sustentabilidad la encontraremos en la Carta de Derechos y en el Sistema de Planeación de la Ciudad. Se trata, como podemos apreciar, en un concepto integrador de diversas acciones para las autoridades en la Ciudad de México. Pero, hay otros conceptos que por sí mismos vale la pena hasta tratar por separado, sólo como ejemplo mencionaría: la función social de la ciudad; la función social de la propiedad; el propio uso eficiente del territorio; las cargas y beneficios del desarrollo urbano y la noción propia de patrimonio de la ciudad.
El gran reto de la legislación secundaria, entre otros aspectos, será llenar de contenido y de instrumentos de garantías a estos conceptos.
En ese aspecto, me atrevería a decir, que en la Ciudad de México se está dando origen a una nueva discusión jurídica sobre los alcances de los derechos ambientales y de ordenamiento territorial.
- Realmente las respuestas anteriores dan cabida a diversas preguntas. Tratando de ir en orden, ¿qué es el uso eficiente del territorio?
R. El uso eficiente del territorio, precisamente, es uno de los conceptos que debemos preocuparnos por desarrollar en el futuro inmediato.
Este concepto abarca, tanto la sustentabilidad, como el respeto a los derechos humanos, la protección al medio ambiente y el derecho a la ciudad en su conjunto. Adicionalmente, al tratarse de un concepto novedoso, es necesario empezar a construir, con urbanistas, abogados, sociólogos y la sociedad civil, estos conceptos que harán operativa la legislación en nuestra materia.
- Continuando con esta temática, ¿Qué papel juega entonces, en la nueva Constitución, la preservación del equilibrio ecológico?
R. Un papel muy importante, pues en el artículo 3, es considerado, conjuntamente con la protección al ambiente y la protección del patrimonio cultural y natural, como uno de los Principios rectores dentro de la Constitución.
En otras palabras, todos los actos de autoridad que se hagan en la Ciudad de México deben respetar estos criterios orientadores.
- Me llamo la atención, que hace un momento hizo referencia a la función social de la ciudad, ¿En qué consiste?
R. Es otro principio rector para la Constitución, que tiene por efecto, el garantizar el bienestar de los habitantes, pero en armonía con la naturaleza.
Aquí destaca un principio al que muchas ocasiones hago referencia, el principio pro natura, es decir, toda actividad humana tiene como límite el respeto a la naturaleza. Visto desde esta perspectiva, la Constitución de la Ciudad representa un gran avance para la juridificación de este principio. Una vez más, requerimos de una legislación secundaria que pueda desarrollar de mejor manera este concepto, que no obstante ya tiene en su estructura el respeto a la naturaleza, que tanta falta nos hace.
- Entrando a la Carta de Derechos, ¿Qué es el derecho al desarrollo sustentable? ¿Era importante considerarlo como derecho?
R. Es el derecho de toda persona a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por supuesto que era importante considerarlo como derecho humano pues anteriormente sólo era visto como una cuestión meramente programática. Al adquirir el status de derecho humano, se convierte ahora, en una obligación de respeto y garantía para las autoridades de la Ciudad de México.
- ¿Qué novedades encontramos en el nuevo derecho a un medio ambiente sano en la Ciudad de México?
R. Lo más novedoso y complejo de este derecho es el reconocimiento y regulación de los derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. En este caso, será necesario analizar en el derecho comparado, como se han regulado estos derechos de la naturaleza. El esfuerzo dogmático que estos derechos necesitan es determinar su contenido y alcances.
- ¿Qué aspectos son importantes destacar respecto a la protección de los animales?
R. Ahora la Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y como obligación de las autoridades su protección, bienestar, trato digno y respetuoso (Inciso B del Artículo 13). El problema concreto a enfrentar será como regular esta protección, para hacerlo, debemos apoyarnos en argumentos científicos, técnicos y jurídicos que nos permitan actuar de manera puntual y respetuosa de la Constitución.
- En materia de ordenamiento territorial, ¿Por qué es importante hablar de cargas y beneficios del desarrollo urbano?
R. De manera muy concreta, porque con fundamento en este principio, podrán imponerse a la propiedad privada modalidades que ayuden a una mejor utilización del territorio, considerando la eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica. En la legislación secundaria del ordenamiento territorial es en donde, deberán especificarse de manera puntual estas cargas y beneficios, ahora reconocidos por la propia Constitución.
- ¿Qué competencia tendrán ahora las alcaldías en materia de desarrollo urbano y en la protección al ambiente?
R. En materia de desarrollo urbano, la fracción XVII, inciso B, del Artículo 18 de la Constitución otorga como una de las facultades de las Alcaldías: “Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones..”, y, en la fracción XXII, para vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de construcciones, edificaciones, protección ecológica, uso de suelo y desarrollo urbano, entre otros aspectos.
En protección al ambiente, en el mismo artículo 18, pero en sus fracciones XXI a XXV, se establecen las facultades de las alcaldías en materia de protección al ambiente. Dentro de las mismas, destaca la de vigilar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, que no sean ocupadas de manera ilegal las áreas naturales protegidas y el suelo de conservación.
Lo más importante de estas nuevas atribuciones es que existan criterios unificados que permitan una adecuada protección de nuestro ambiente y un ordenamiento territorial racional. En ese sentido, debemos lograr mecanismos de coordinación importantes con autoridades federales, pero también, de
manera primordial, entre las mismas Alcaldías. Este será el gran reto en esta materia.
- ¿Algún mensaje que quisiera dirigir a nuestros lectores y a los Asambleístas?
R. En términos generales, decir que los temas ambientales y del ordenamiento territorial, representarán nuevos y renovados retos conforme a nuestro nuevo texto Constitucional. En ese sentido, considero que estamos ante la construcción de una nueva legislación y una renovada doctrina, que deberá ser de utilidad para garantizar los derechos de los habitantes de la Ciudad.
En lo que concierne a los asambleístas, decirles que les deseo el mejor de los éxitos en la discusión y aprobación de la legislación secundaria que ahora nuestra Constitución mandata.
Formación Académica: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con dos Posgrados: en Planificación y Gestión Urbana por el Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, España y Especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana. Es Doctorando en Derecho en la Universidad Panamericana.
Docencia y extensión universitaria: Más de 30 años de experiencia en docencia a nivel superior. Profesor de Carrera por Oposición en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Integrante del Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho y del Posgrado en Derecho (Especialidades y maestrías en derecho administrativo y derecho ambiental) de la Universidad Panamericana. Profesor en los Diplomados en derecho y/o política ambiental que en forma regular imparte el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Iberoamericana; profesor en el Doctorado en Derecho Ambiental que imparte la Universidad Anáhuac, campus Xalapa y Cancún, y en la Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación del ITAM. Expositor invitado en temas de derecho ambiental en el Colegio de México (Programa LEAD), el Programa de Medio Ambiente de la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Popular de Nicaragua (Doctorado en Derecho Ambiental). Profesor en los Diplomados de Derecho Ambiental organizados por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales (CEJA). Profesor invitado en materia ambiental y urbana por diversas instituciones académicas nacionales e internacionales.
Además, ha coordinado diversos cursos, talleres, seminarios, entre los que destacan: Diplomado “La Industria frente al Cumplimiento de la Legislación Ambiental” y “Derecho Ambiental” (UAM-Azc.); Primer Congreso Iberoamericano sobre crimen Ambiental (PROFEPA, con apoyo de la Asociación Latinoamericana sobre Derecho Ambiental y la Comisión para la Cooperación y Desarrollo en Centro América); Talleres y Seminarios sobre delitos ambientales (PROFEPA-PGR-INACIPE) y sobre la participación pública en materia ambiental con la U.S. Environmental Protection Agency y el Environmental Law Institut; por parte de la PROFEPA, el Simposio Judicial sobre acceso a la justicia
ambiental y el desarrollo sostenible en América Latina, 2000, organizado conjuntamente por la PROFEPA y el PNUMA- ORPALC. Participación en la Coordinación Académica del Diplomado “Derechos Humanos y Medio Ambiente” realizado de manera conjunta con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2014-2015). Participación en los contenidos académicos de los cursos “Derechos Humanos, Control de Convencionalidad y Nueva Ley de Amparo” e “Interpretación y Argumentación Jurídicas en materia Ambiental y del Ordenamiento Territorial” impartidos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la PAOT (2013-2014).
Sector Público: Más de 30 años de experiencia en el servicio público, desde 1992 realizando actividades
vinculadas con la aplicación de la legislación ambiental, urbana y del consumidor. Actualmente es Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, cumpliendo un segundo periodo de cuatro años, designado por unanimidad en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Es fundador de la misma institución en donde fungió como Subprocurador de Ordenamiento Territorial de diciembre de 2001 a julio de 2006. Coordinador de Asesores del Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental del Gobierno Federal, SEMARNAT (enero de 2007 a febrero de 2011). Subprocurador Jurídico en la Procuraduría Federal del Consumidor (2001).
Fundador de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 1992-2001 y ocupó los siguientes cargos: Subprocurador Jurídico (antes Dirección General Jurídica), Director General de Inspección Industrial y Director Jurídico Consultivo. En la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Federal, ocupó el cargo de Subdirector de instrumentos jurídicos para el programa de suelo urbano (1985-1992).
Publicaciones: Cuenta con diversos ensayos y artículos para diversos textos y revistas, dentro de las que destacan: “Una década de transformaciones en el régimen jurídico del uso de la biodiversidad”, Coautor en Capital Natural de México, pp 259-282, CONABIO, 2009; “Reflexiones en torno a la aplicación de la normatividad ambiental en México”, Revista Derecho Ambiental y Ecología, Junio 2005. “Marco Jurídico de la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica” y “La Distribución de Competencias en materia ambiental”, estas dos últimas en, “Derecho Ambiental”, Cancino, González Villamil y otros, UAM, México, 1994. “Reflexiones en torno a la aplicación y cumplimiento de la normatividad ambiental en México”, en 1era Conferencia Internacional sobre la Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental en América Latina, fundación Ambiente y Recursos Naturales, Buenos Aires, pp 59-66. “Gestión Ambiental y Aplicación de la Ley ̈,artículo elaborado para el libro homenaje al Dr. Raúl Brañes, coordinado por Ximena Brañes, México, 2004, edición PNUMA-ORPLAC, Reflexiones en torno a la aplicación de la normatividad ambiental en México”, Revista Derecho Ambiental y Ecología, Junio 2005. “Los asentamientos humanos y la mirada parcial del constitucionalismo mexicano”, artículo elaborado conjuntamente con el Doctor Antonio Azuela, para el libro sobre derecho ambiental constitucional coordinado por el Dr. Emilio Rabasa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diciembre de 2005. “El Ordenamiento Ecológico en México: génesis y Perspectivas” en coautoría con Antonio Azuela de la Cueva y Concepción Contreras Morales, SEMARNAT, 2007. “Una década de transformaciones en el régimen jurídico del uso de la biodiversidad”, Coautor en Capital Natural de México, pp. 259-282, CONABIO, 2009. “La responsabilidad jurídica en el daño ambiental. Meta alcanzada o proyecto en ciernes”, en Revista Derecho y Ecología, 2013. “Fortalecimiento de la Justicia Ambiental en México. Consideraciones Fundamentales”, en El Futuro de la Justicia Ambiental en México, Miguel Ángel Porrúa – Semarnat, 2014. “El Poder Judicial y la Procuración de Justicia Ambiental en México”, en Coord. Antonio Azuela y Miguel Ángel Cancino, Jueces y Conflictos Urbanos en América Latina, PAOT, 2014. “La Codificación Ambiental en el fortalecimiento del Estado Constitucional en México”, en Revista Derecho y Ecología, “El Acceso a la Justicia Ambiental desde la perspectiva de los Derechos Humanos”, Barra Mexicana de Abogados –Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015. “La interpretación sistemática en materia de modalidades y su importancia en el ordenamiento territorial (México)”, en Revista Científica Monfragüe. Desarrollo Resiliente, Núm. 7, enero de 2015. “Gestión ambiental y aplicación de la ley”, en prensa. “Derecho Ambiental Mexicano. Panorama actual”, entre otras.
Conferencista Nacional e Internacional: Conferencista en temas de derecho y gestión ambiental y urbanística, en diversos eventos tanto nacionales como internacionales, entre otros:
Primera Conferencia Internacional sobre Aplicación y Cumplimiento de la Normatividad Ambiental en América Latina, organizada por el Banco Mundial, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de la República de Argentina y el Gobierno del Reino de los Países Bajos, en Buenos Aires, Argentina, en Mayo de 2002.
Congreso “15 años de la constitución Federal y la protección al medio ambiente”, organizado por el Tribunal Judicial Federal de Brasil, 5a. Región, en la ciudad de Recife, Brasil, en octubre de 2003.
Foro internacional “Quito ambiente y desarrollo”, organizado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y el PNUMA a través del programa “Ciudades Sustentables”, en Quito, Ecuador en julio de 2005.
Curso Regional sobre Justicia Ambiental y Agraria para el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, organizado por CEPAL, Banco Mundial y Tribunales Agrarios de México, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en noviembre de 2005.
Encuentros Internacionales anuales sobre derecho ambiental (2002 a 2005), organizados por la SEMARNAT, a través del Instituto Nacional de Ecología, el PNUMA-ORPALC, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y otras instituciones, en la Ciudad de México, en el mes de octubre de cada uno de los años citados.
Conferencista en el Seminario Hispano-Mexicano sobre Derecho y Legislación Ambiental, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, febrero de 2008.
Participación como conferencista en el “Primer Foro Internacional sobre Legislación Ambiental”, organizado por el Tecnológico de Monterrey y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, febrero de 2010.
Participación en la Mesa: “Interés legítimo y jurídico” organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junio de 2012.
Palestrante II Encontro Internacional de Direito Ambiental na Amazonia – Lei de Crimes Ambientais: uma Avalicao Estratégica, Ministerio Púbico de Estado de Amapá, Gobierno de Amapá, Brasil, mayo de 2013.
Disertación en el Seminario Derecho y Justicia Ambiental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mayo de 2013. Participación en el II Congreso Internacional sobre Gestión Hídrica y Planificación Estratégica del Territorio organizado por el Gobierno y la Universidad de Extremadura, Cáceres, España; octubre de 2014.
Ponente en el XVI Congreso Nacional de Abogados, organizado por la Barra Mexicana de Abogados y la Suprema Corte de Justicia, noviembre de 2014. Ponente en el VI Congreso de la Red de Ministerios Públicos Ambientales, organizado por la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2014.
Reconocimientos y Membresías: En noviembre del año 2015 la Universidad Paulo Freire de Nicaragua le otorgó el Doctorado Honoris Causa en Humanidades por su labor nacional e internacional en favor del acceso a la justicia ambiental como derecho humano. Además es Coordinador de la Red Nacional de Procuración de Justicia Ambiental, que incluye a los dieciséis procuradores ambientales u homólogos del mismo número de entidades federativas en el país.
Coordinador de la Red Hispanoamericana de Fiscales y Procuradores Ambientales, que incluye a servidores públicos en la región latinoamericana y la península ibérica dedicados a la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental.